JUSTICIA IMPERFECTA: EL ERROR JUDICIAL

Sabemos que desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene en su artículo 11 que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. Sin embargo, en bastantes ocasiones debido a testigos confusos o falsos, pruebas erróneas o por una mala praxis de los fiscales y policías, algunas personas terminan injustamente encarceladas y, en el peor de los escenarios, muertos en aquellos países donde se lleva la práctica de la pena de muerte.

Además se suelen añadir infortunios como una mala representación legal, prejuicios raciales, ideológicos y sociales de los peritos, fiscales ambiciosos y diferentes errores cometidos durante la instrucción de los casos. Otra cosa que personalmente me indigna es la mediatización de los casos, en los que, públicamente se realiza un juicio popular que "presiona" una culpabilidad del acusado que no siempre se ve avalada por las pruebas procesales. Por ejemplo Dolores Vázquez (Caso Wanninkhof) que fue injustamente encarcelada sin pruebas judiciales concluyentes.

En España tenemos el triste caso de Rafael Ricardi. Pasó 13 años en la cárcel acusado de una violación que no cometió. Pudo salir y cobrar algo más de un millón de euros, la indemnización más alta concedida en España por un error judicial. Era drogadicto y deambulaba durmiendo muchas noches en la calle. Esa condición en exclusión social fue fundamental para incriminarle en un delito en el que nunca participó. La noche del 12 de agosto de 1995, una joven de 18 años fue violada. La policía le detuvo tras descubrirle durmiendo bajo un puente. Él negó todo, pero la mujer le identificó.

Se inició lo que he reseñado anteriormente, una cadena de errores que fue desde un informe equivocado del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla sobre el semen del acusado y la instrucción de la Audiencia Provincial de Cádiz, el prejuicio de los agentes que intervinieron en el caso... total que a Rafael se le condenó a una doble pena de 18 años de cárcel. La policía esperaba que con su encierro se acabara la oleada de violaciones en la zona. Se equivocaron, porque no cesaron los asaltos. Tras un cambio en el responsable policial de la investigación, un estudio sobre el mismo semen determinó, con mejores técnicas, que no pertenecía a Ricardi, pero la Audiencia no cambió su pena porque consideraba fundamental la declaración de la víctima.

En 2007 fue detenido uno de los verdaderos autores, un hombre de 53 años y al extraerle ADN coincidió con el encontrado en cuatro violaciones, una de ellas, por la que él había sido detenido. La policía resolvió poco después el caso con la detención de otro hombre. La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía llevó la defensa de Rafael Ricardi para sacarle de prisión, algo que ocurrió en 2008, y pudo obtener una indemnización por aquel grave error, que cobró en 2010 con medio millón de euros. La estancia en prisión de un inocente, además de robarle años de su vida, deja profundas huellas que, a buen seguro, deterioran su estado de salud mental y físico.

En los Estados Unidos encontramos más casos similares. James Richardson fue condenado por envenenar a siete de sus hijos para cobrar las primas del seguro. Fue puesto en libertad en abril de 1989, tras pasar 21 años en prisión. Luis Díaz, encarcelado durante 26 años en Miami por siete violaciones, en 1979, y liberado en agosto de 2005, tras unas pruebas de ADN y la rectificación de testigos... y sobre todo los condenados a muerte con los que se ha ajusticiado irreparablemente. Es de reflexión de todos aprender de los errores judiciales y enmendar las prácticas erróneas.

En la feria de Málaga en 2014 una mujer estuvo a punto de encarcelar a varios muchachos inocentes por una falsa denuncia de violación. El juicio mediático los había condenado ya solo por su aspecto. Si no llegan a grabar en video los hechos quizá hoy estarían cumpliendo una larga condena.

Debemos dejar atrás el inmovilismo habitual del aparato judicial y que se actualicen todos los procedimientos procesales.