RIESGO REPUTACIONAL, CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Carlos Hernández Franco, Doctor en Criminología
- 25 feb 2017
- 3 Min. de lectura
La evolución política y económica de los estados europeos ha desencadenado una creciente creación de normativas que afectan a los países miembros. Esto ha supuesto para las empresas españolas cierto "caos" regulatorio y es responsabilidad de las directivas afrontar el desafío.
Por un lado, nuestros organismos reguladores nacionales cada vez tienen menos autonomía, puesto que los máximos responsables del buen funcionamiento del mundo empresarial han pasado a tener un papel más de control, quedando su función legisladora en segundo plano. El marco regulatorio viene impuesto por Bruselas y todos aquellos organismos procedentes de la Unión Europea para regular el mercado común. La implantación de sistemas de control interno para la prevención de los riesgos penales tras la modificación del Código Penal es una muestra de ello.
Hay que entender el concepto de economía sostenible donde las empresas españolas deben continuar abordando una profunda transformación hacia la transparencia como parte de las buenas prácticas empresariales.
Como no puede ser de otra forma, la calidad y fiabilidad de la información financiera, las de origen personal (Protección de datos) tiene que cimentarse en pilares como la supervisión y el control, delegados en muchos casos por los consejos de administración en las comisiones de auditoría haciendo crecer de forma imparable este sector. Sin embargo, los grupos de interés quieren entender mejor la situación de la empresa, abarcando no solo sus resultados, sino también hacia dónde se dirigen sus riesgos. El protagonismo pasa así al auditor externo, que, por su conocimiento y experiencia, debe jugar un papel más relevante, proporcionando seguridad a la información que las empresas ponen a disposición de terceras entidades y que pueden utilizar para reforzar su transparencia, atraer las inversiones y sobre todo diferenciarse de sus competidores. La evolución al informe integrado, cuyo objetivo es mostrar la relación entre la estrategia directiva y el Estado en cuanto a que el desempeño financiero debe crecer en el entorno social, económico y ambiental en que opera la compañía.
Hay, por supuesto, quien se preocupa por este cambio a la transparencia debido a que se ha basado en una excesiva sobrerregulación, donde los costes internos se han disparado. Otros ven que estamos ante una revolución en la forma de gestionar las transacciones y la relación con el entorno. El caso es que para todas las empresas se ha convertido en un desafío donde está en juego el riesgo reputacional de las entidades. Hay empresas que juegan temerariamente a la incertidumbre de no controlar un evento dañino. Pues bien, sabemos que una empresa corre el riesgo de que, por causa de algún evento negativo, sea éste interno o externo, el consumidor le castigue dejando de usar o comprar sus productos. Hay innumerables ejemplos donde el castigo se traduce en menores ventas o en mayores costes para remediar el daño o en ambas cosas.
Qué duda cabe que los fraudes, fugas de información y escándalos siempre han existido y por desgracia toda regulación los dificulta, pero siempre será insuficiente. El cambio esperado tiene que ser más profundo y debe ir más allá para conseguir llevar al conjunto de la sociedad el cumplimiento de un código ético de conducta y la asunción de un conjunto de buenas prácticas que sean capaces de construir una relación transparente que genere la confianza como factor principal de todas las actividades empresariales. Pero tampoco debemos pretender cargar a las empresas con excesivas normas desproporcionadas que supongan duplicidades de trabajo disparando los costes.
Por eso despido el presente artículo con una frase de Adolfo Suárez "“La libertad solamente es concebible si existen unas condiciones justas de vida para todos”
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