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LAS EMPRESAS COMO VÍCTIMAS DE DELITOS ECONÓMICOS

  • Carlos Hernández Franco, Doctor en Criminología
  • 17 mar 2018
  • 2 Min. de lectura

Toda organización, pública o privada, debe protegerse de delitos que afectan cada vez más a un número mayor de actividades y modelos de negocio que se desarrollan en un mundo globalizado.

Según la encuesta contra el fraude y delitos económicos de PwC de 2018, más de la mitad de las empresas españolas han sido víctimas de algún delito económico en los últimos dos años. Llama la atención que cada vez más se impone el ciberataque mediante los siguientes ilícitos; Apropiación indebida, extorsión, ataques con motivación política, abuso de información privilegiada, fraude en compras en la red... todos ellos describen ya, por sí mismas, una nueva generación de cibercriminales.

El fin de las organizaciones criminales es perseguir objetivos más estratégicos, mediante la sofisticación y complejidad de sus métodos, consiguen maximizar objetivos y beneficios. Este panorama reclama una nueva visión por parte de las empresas respecto a la naturaleza poliédrica de las ciberamenazas.

Las consecuencias para las empresas no son solo medibles a nivel de costes directos, sino que también se ve comprometida la reputación y la visión de los colaboradores y empleados.

Otro dato curioso que se desprende de la mencionada encuesta, es que casi la mitad de los fraudes proviene del interior de las propias organizaciones. Los responsables de la quinta parte de los delitos económicos son personas en altos puestos gerenciales, 42 por ciento personas en puestos intermedios y 34 por ciento personal de nivel operativo.

Para elaborar un plan de protección, las empresas y organizaciones públicas deben contar con abogados y expertos especializados, con amplia experiencia en delitos económicos. Deben estar preparados para defenderse ante acusaciones de fraude fiscal, blanqueo de capitales o fraude societario, que implican muchas ramificaciones e investigaciones. Además, suelen afectar no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas, con lo que el proceso se complica mucho más a la hora de discernir posibles responsabilidades. El sistema de cumplimiento de las normas por parte de las empresas recibe el nombre de ¨compliance¨ y es fundamental para evitar responsabilidades penales. Los directivos deben estar cada vez más comprometidos en establecer un sistema eficaz. Pero eso no es todo, ante los ciberataques, se debe contar además con un departamento de seguridad de la información. Su aportación es vital para ayudar a prevenir o neutralizar amenazas

 
 
 

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